El precio de la vivienda frena al Estado: un tercio delos funcionarios rechaza plazas o ascensos por no poder pagarse un piso.
● El 43,5% de los funcionarios solo aceptaría un traslado si este incluye un incremento
salarial o un incentivo específico que compense directamente el coste de la vida actual.
● Para el 56% de los empleados públicos, la posibilidad de regresar a su lugar de origen
o a provincias medianas es el factor clave para elegir plaza, buscando huir de la
presión de las grandes urbes.
● El 73% de los funcionarios defiende la creación de sedes estatales fuera de la capital y
un 52,5% ve en el teletrabajo la herramienta definitiva para democratizar los ascensos
sin forzar mudanzas inasumibles.
La escalada de los precios de la vivienda se ha convertido en un tapón estructural para la propia Administración Pública española. La imposibilidad de costear un hogar en los grandes núcleos urbanos está paralizando la movilidad y la promoción interna de los empleados públicos, tal y como se desprende del Estudio ‘Perspectiva y Retos del Empleado Público en España’, elaborado por Supera Oposiciones, escuela especializada del grupo educativo thePower Education 1 . En concreto, un 31,5% de los funcionarios afirma haber rechazado o postergado una plaza o ascenso por no poder hacer frente al coste de la vivienda en el destino asignado.
Si bien es cierto que casi la mitad de los empleados públicos (48,8%) está dispuesta a mudarse fuera
de su provincia para acelerar su carrera, la realidad financiera actúa como un muro infranqueable. De
hecho, un 23,8% adicional afirma que el coste de la vida condiciona «totalmente» cualquier decisión
que implique un traslado. Ante este escenario, las exigencias cambian: el 43,5% de los funcionarios
ya condiciona su promoción a un incremento salarial o a un incentivo específico que compense directamente el coste de la vivienda en la ciudad de destino.
Éxodo hacia la periferia: en busca de calidad de vida
Frente a la presión inmobiliaria de las grandes urbes, la periferia y las provincias medianas emergen
no sólo como una opción residencial más accesible, sino como una estrategia clave para garantizar
la calidad de vida de los empleados públicos. El informe revela que, para el 56% de los empleados
públicos, la posibilidad de regresar a su lugar de origen o trasladarse a entornos menos
masificados es el factor determinante a la hora de elegir una plaza. Este anhelo de retorno
encaja con el respaldo masivo (73%) a la creación de sedes estatales fuera de la capital, una medida
que el funcionariado valora como altamente eficaz para atraer y retener talento cualificado en todas
las regiones, ayudando a vertebrar el país.
Sin embargo, la descentralización del Estado ya no depende exclusivamente de los traslados físicos:
la transformación digital actúa como el gran catalizador del cambio. El 52,5% de los trabajadores considera que la digitalización y el teletrabajo están reduciendo con éxito la histórica brecha
de oportunidades entre los servicios centrales y las delegaciones provinciales.
«Estos datos no deben leerse en clave de crisis, sino como una gran oportunidad de transformación
para nuestra Administración. El Estado español cuenta con un capital humano extraordinario y con
una voluntad innegable de crecer profesionalmente. Sin embargo, el contexto inmobiliario actual nos
exige actualizar las reglas del juego. No se trata de criticar la rigidez del sistema, sino de acelerar su
evolución: la descentralización de sedes estatales y el impulso decidido al teletrabajo son las
palancas que permitirán democratizar el talento. Al fin y al cabo, adaptar las condiciones al coste de
vida real de cada territorio es el camino para que el progreso profesional y una calidad de vida
sostenible vayan de la mano», sostiene Jesús Polvorinos, responsable de Supera Oposiciones.
