El SMI ahoga a las empresas contratadas por el sector público: «Habrá pérdidas en muchos casos, con contratos inviables o insostenibles»

Las patronales reclaman que se actualicen los precios de las licitaciones ante el aumento de costes laborales no recogidos en el contrato original.

La subida del 4,4% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 ha generado alarma entre las empresas contratadas en el sector público, que recuerdan en este contexto la presencia de la ley de desindexación. Desde 2015, esta norma revisa la actualización de los precios del sector público español de forma que sus servicios y bienes no se modifiquen con el nivel de precios vigente. Esto supone que las empresas contratadas por el sector público para algún servicio tienen que ajustar los salarios de sus empleados a la última subida sin verse respaldadas con un aumento en los ingresos del contrato, firmado antes del incremento en el SMI.

Esta situación afecta especialmente a empresas de limpieza o atención domiciliaria, cuyos servicios se prestan en su mayoría dentro del sector público, como explica Ignacio Gamboa, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade). El portavoz denuncia que las compañías no pueden ajustar su precio a los incrementos de costes aunque estos se produzcan durante la vida de las licitaciones. Es decir, que las empresas no pueden cambiar las condiciones originales del contrato para paliar el impacto que les supone la subida de costes laborales (mediante, por ejemplo, una reducción de plantilla o un recorte de sus servicios), ni tampoco retirarse del contrato público sin sufrir multas o penalizaciones, aunque las circunstancias hayan cambiado. «Las empresas se van a ver en situación de pérdidas en muchos de los casos, en las que sus contratos van a ser inviables o insostenibles«, puntualiza Gamboa.

Juan Ignacio Beltrán, presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), advierte que, en este desajuste entre ingresos y costes, puede llegar el momento en el que «muchas empresas tengan problemas económicos y desaparezcan. Y ahí no es que haya reducción del personal, es que hay reducción total», insiste el portavoz. También resalta el «problema de supervivencia» de las empresas de todos los tamaños que, aunque resistan, sufrirán pérdidas en su competitividad al tener que recortar otros aspectos de la empresa, como puede ser la formación del personal.

Una cuestión de matemáticas para el directivo, que recalca que «el impacto del incremento del SMI, la reducción de la jornada y el incremento de las cotizaciones de la seguridad social, tres medidas decididas por la administración sin que nos suban los precios, es clarísimo: están incrementando los costes sin revisar los precios que pagan, con lo cual todo se lo tienen que comer las empresas». Una singularidad frente al resto de grandes países europeos, que sí revisan sus contratos públicos, según Beltrán, y una situación delicada especialmente para el sector de la limpieza: debido a su carácter «muy intensivo en mano de obra«, el coste de personal es superior al 85% del gasto total, por lo que los cambios en materia salarial repercuten en gran medida en la viabilidad de las compañías.

La reducción de jornada en los servicios por horas

Los últimos cambios laborales no solo se han producido en salarios, sino también en la reducción de jornada hasta las 37,5 horas. Otra aspecto con el que tienen que lidiar las empresas sujetas a la contratación pública, como denuncia Gamboa: en el caso de la atención domiciliaria, cuyas horas de servicio se regulan con la ley de dependencia, puede darse el ejemplo de un ciudadano con derecho a 120 horas de dependencia, para cuya atención domiciliaria contará con cuatro trabajadores. La reducción de jornada laboral implica contar con más empleados para esta tarea, pero una vez más, si las condiciones originales de la licitación no contemplaban este cambio, correrá a cargo de la empresa solventarlo.

Ante esta tesitura, Gamboa insiste: «Los contratos públicos no pueden permanecer congelados cuando los costes se van modificando, y además por decisiones de la propia administración pública». Una situación que, en su opinión, apuntala la tensión entre empresas y administraciones, además de dar pie a que muchas empresas no vean viables los contratos públicos: «Cada vez el número de licitadores es menor. Y algunas licitaciones en el ámbito de los cuidados a domicilio quedan desiertas«, argumenta.

«Cuando no actualizas precios, lo que puede pasar es que te quedes sin proveedor», concluye Beltrán.